El Ministerio de Interior y de Gobiernos Locales (DILG) instó a las autoridades locales a intensificar la lucha contra el tráfico de personas y la contratación ilegal tras las ejecuciones hoy de tres trabajadores filipinos en el extranjero (OFW), condenados por narcotráfico en China.
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El llamamiento sigue también a una reunión para solucionar la contratación ilegal y el tráfico de personas entre el Consejo Inter-Agencias Contra el Tráfico (IACAT) y el Grupo de Trabajo Contra la Contratación Ilegal, señala un comunicado.
El titular del DILG, Jesse Robredo, ordenó a los jefes ejecutivos regionales y municipales que inspeccionen las operaciones de las agencias de contratación que operan bajo sus respectivas jurisdicciones al señalar que aún existen muchos compatriotas que caen víctimas de las agencias de empleo ilegales.
Según Robredo, las licencias de las agencias que realizan contrataciones ilegales deben ser revocadas de forma inmediata, y además deben iniciarse procesos judiciales contra los encargados de esas agencias de empleo.
El ministro, que también dijo que la Policía Nacional de Filipinas debe colaborar en la campaña contra la contratación ilegal y el tráfico de personas. advirtió que los funcionarios que no realicen su cometido podrán ser sometidos a acciones disciplinarias por negligencia grave o incumplimiento del deber.
La orden de Robredo también sigue al descubrimiento la semana pasada de una operación atribuida a una banda altamente organizada que pretendía sacar del país a 82 mujeres sin documentos legales, aparentemente destinadas a trabajar como empleadas domésticas o como prostitutas en el extranjero.
Por otra parte, una declaración jurada publicada esta semana y firmada por Sally Ordinario Villanueva, uno de los tres filipinos ejecutados hoy por narcotráfico en China, apunta que la persona que le ofreció un empleo en ese país fue la que le proporcionó la maleta con heroína oculta, mientras que aseguraba que desconocía que transportaba drogas.
